patentes

Después de un año en la primera línea de respuesta al COVID-19, tenemos muchos aprendizajes. Hoy queremos compartirlos con vos.

24 de febrero de 2021 Esta primera entrega de COVAX se produce dos meses después de que las primeras personas comenzaran a recibir las vacunas COVID-19 en los países ricos. Como señaló recientemente el Dr. Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud, solo 10 países han

¿Cuál es la mejor? ¿Se pueden considerar seguras? ¿Van a funcionar con las nuevas cepas? ¿Qué pasa con el acceso, si no están llegando a la mitad del mundo? Respondemos a varias cuestiones clave sobre la vacuna del COVID-19, casi un año después del inicio de la pandemia.

Celebramos el apoyo de la Unión Africana a la propuesta de exención de la propiedad intelectual en la Organización Mundial del Comercio. Por una pandemia sin patentes en vacunas, medicamentos y tratamientos del COVID-19. La Unión Europea, el Reino Unido, EE. UU., Japón, Suiza y Australia siguen oponiéndose a ella.

De un total de más de 27,2 millones de dosis de esta vacuna entregadas hasta ahora, los países ricos acumulan casi 27 millones (un 99,3%), mientras que los estados de ingresos medios solo han recibido unas 250.000 dosis (un 0,0009%) y los países en vías de desarrollo, ninguna.*

Desmontamos los argumentos de las farmacéuticas, que insisten en rechazar la exención de la propiedad intelectual de los fármacos para luchar contra el COVID-19. Pero la vacuna 100% eficaz es la que llega a todas las personas. Hasta que no esté la última persona protegida, no superaremos la pandemia de COVID-19.

Una vez que tengamos una vacuna eficaz aprobada, ¿quién tendrá acceso a ella? ¿cuánto costara? ¿llegará a quienes más la necesitan? Todavía nos falta mucha información que las farmacéuticas deben compartir en medio de la pandemia y con vistas a una vacuna como bien público global.

La compañía ha asegurado que no obtendrá beneficios de la vacuna contra el COVID-19, pero se ha otorgado la potestad de declarar el fin de la pandemia en julio de 2021. Esto significa que a partir de esa fecha AstraZeneca podría cobrar a los gobiernos y otros compradores precios elevados por una vacuna que ha sido financiada en su totalidad con fondos públicos.