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El centro, ubicado en el campo de refugiados rohingyas de Nayapara, tiene una capacidad máxima de 100 camas. "Estamos aquí para servir a personas que necesitan asistencia en tiempos difíciles. Queremos establecer una relación de confianza con las comunidades locales de Bangladesh y los refugiados rohingyas", afirma nuestra coordinadora en el país.

Las medidas estrictas de cuarentena comunitaria parecen haber contribuido a contener el COVID-19, y al mismo tiempo han afectado los medios de vida de los residentes de la ciudad, en particular los de las personas desplazadas que viven en Marawi y sus alrededores. A tres años del conflicto armado que obligó a 370.000 personas a huir de sus hogares, el futuro es incierto.

El coronavirus COVID-19 amenaza con debilitar aún más un sistema de salud ya frágil tras años de guerra. En esta zona del país viven unas 2.7 millones de personas desplazadas, la mayoría de ellas en campos superpoblados donde las condiciones de higiene son terribles y la distancia física es imposible.

No es el caso del Gobierno griego, que desaloja y amenaza con dejar en la calle y sin ayuda a miles de refugiados en situación de extrema precariedad. Sufren graves problemas de salud y se están quedando sin acceso a refugio, protección o atención médica. Los desalojos deben suspenderse inmediatamente.

Cerramos nuestro proyecto en Tawila después de 13 años ofreciendo atención médica a la población, en uno de los puntos más violentos del conflicto de Darfur. Esta localidad del estado de Darfur Norte sufrió ataques a principios de la década de 2000 que obligaron a su población a huir.

Aisha Akello nació en Uganda y se encontró por primera vez con Médicos Sin Fronteras (MSF) cuando vivía en un campo de desplazados y su hermano necesitaba tratamiento de urgencia por desnutrición. Pasaron más de treinta años desde ese entonces. Ahora trabaja como matrona en MSF y cuenta su inspirador relato.